Entendemos los desafíos del derecho público y del derecho privado en Colombia”: PHR
En la academia, el derecho público y el derecho privado se enseñan como disciplinas separadas y diferentes; pero en el ejercicio práctico, confluyen de manera recurrente y contundente. La asesoría legal de valor implica, necesariamente, el conocimiento integral y la interacción entre derecho público y privado. Para José Alejandro Torres, socio de Posse Herrera Ruiz, en su asesoría cotidiana resulta evidente la interrelación entre el
derecho privado y el derecho público. En PHR, José Alejandro participa en áreas aparentemente tan disímiles como el derecho público propiamente dicho, proyectos inmobiliarios, cumplimiento (
compliance), corporativo y transaccional (M & A). Para José Alejandro, la dicotomía entre derecho privado y público es meramente aparente. La creciente interdependencia se puede explicar a través del recuento histórico de los diferentes desarrollos normativos y jurisprudenciales de diferentes disciplinas.
¿De dónde parte el derecho privado?
El punto de partida es el mismo artículo 1 de la Constitución de 1991, donde se establece que “Colombia es un estado social de derecho”. Desde allí mismo las bases fundacionales de la institucionalidad legal colombiana, prescinde de la distinción clásica entre el
derecho privado y derecho público. A partir de la Constitución del 91 se hace explícito y mandatario que Colombia se organiza “en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Antes Colombia era, simplemente, un estado de derecho.A lo largo de sus más de treinta años de ejercicio profesional, Jose Alejandro Torres ha sido testigo de la interacción del derecho público y privado, a partir de los principios construidos a partir del estado social de derecho.“En mi opinión, no hay área del derecho donde se vea tan claramente la fusión del
derecho privado y del derecho público como en el sector de la infraestructura. Cuando empezamos a trabajar en esta área, estábamos en la época de los apagones, por lo que el sector energético y la posterior entrada en vigencia de las leyes 142 y 143 de 1994 eran lo más novedoso, por permitir que el sector privado fuera un motor fundamental en el desarrollo de nuevas y más modernas infraestructuras para la prestación de los servicios públicos en el país. Era en aquel entonces, un “intromisión” si se quiere en temas que hasta ese momento eran de dominio exclusivo del derecho público – las obras públicas. Esta intromisión se ha ahondado y sofisticado en grado sumo. Para muestra los proyectos 5G de transporte carretero, los cuales, sin duda alguna, se destacan como los más desarrollados, en cuanto a esquemas financiación, desarrollo y ejecución, de la región”.Pero ciertamente el derecho público, vale decir, el interés que trasciende la órbita de las partes involucradas, se mantiene presente en el desarrollo de los proyectos de infraestructura. La necesidad de adelantar consultas previas a las comunidades afectadas, son y han sido por muchos años, una pieza central que se debe sortear para el desarrollo de proyectos.En
compliance se puede contar una historia similar. El manejo de derecho administrativo y sancionatorio propio del derecho público, incursiona con fuerza en el ordinario desarrollo de los negocios a través del cumplimiento de los reglamentos, manuales, políticas para la prevención y detección de prácticas corruptas y de lavado de activos. La nueva disciplina de ESG, que emerge con fuerza, sigue la narrativa de una amalgama inescindible del
derecho privado y derecho público.Con el impulso estatizante del actual gobierno nacional, se espera un repunte del tema público en múltiples áreas del derecho, incluyendo litigios. Vale la pena anotar que la arquitectura del sistema institucional colombiano está diseñada con la flexibilidad suficiente para absorber cambios de política, sin que sea necesario amenazar las bases del sistema. No obstante, es importante fortalecer un mensaje de certeza y estabilidad institucional que proteja los objetivos alcanzados en el estado social de derecho.“En nuestro equipo consolidamos todo ese conocimiento, dirigido al fin último que es servir a los intereses nuestros clientes”, indicó Torres y señaló además que ese equipo de abogados altamente calificados y motivados está dispuesto a entregar resultados finales a los clientes, que es en últimas resolver la necesidad del cliente en una circunstancia en específico, con un sinnúmero de disciplinas y saberes jurídicos articulados.
Análisis de cambios en infraestructura, compliance e inmobiliario desde PHR
El socio director de Posse Herrera Ruiz, José Alejandro Torres hizo además algunas aclaraciones sobre la evolución en las áreas que maneja desde su dirección:
Infraestructura
Hoy se ha sofisticado mucho y, además, ya estamos en el marco regulatorio para los proyectos 5G, en los que se hace indispensable ser mucho más técnicos”, por lo que destacó que, pese a todas las adversidades presentes, “el desarrollo, financiación y ejecución de los proyectos de infraestructura en Colombia se destacan en ser de los más avanzados de América Latina”.
Compliance
“Este se limitaba al sistema financiero, y poco a poco se ha sofisticado, llegando incluso al sector real, hasta generar mecanismos como el SARLAFT y SAGRILAFT, entre otros, que además se han ido expandiendo a otras áreas, logrando una mayor sofisticación en su regulación”.
Inmobiliario
“La complejidad de la ley y las regulaciones no han sido tan diferentes a lo largo de los años, por lo que los mecanismos en infraestructura inmobiliaria han sido más o menos estables. En cuanto al urbanismo, estas reglas sí están en constantes cambios debido a los POT y los mecanismos de compra y venta de tierras rurales”.
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