En uno de los capítulos más recientes de PHR + conversamos con Juan Daniel Oviedo, Concejal de Bogotá, con amplios conocimientos en temas económicos y políticos de Colombia, para hablar sobre proyectos públicos de infraestructura y su ámbito dentro del derecho público.
Durante esta conversación se expuso la idea de que la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial ha emergido como un componente crítico, capaz de impulsar el progreso y reducir la pobreza en diversas regiones del país.
Bajo el panorama actual de Colombia en el que se debate sobre la asignación de recursos y la eficacia de los programas de concesiones, es esencial reflexionar, como lo hizo el economista Juan Oviedo, sobre el papel transformador que desempeña la infraestructura vial en la sociedad colombiana.
La percepción que pueden llegar a tener ciertos políticos de que los proyectos de construcción de infraestructura vial poco tienen que ver con el desarrollo de una sociedad, está totalmente desconectada de la realidad.
Por el contrario, la red de carreteras, puentes y vías de transporte constituye un eje fundamental para conectar mercados, facilitar el acceso a servicios básicos y promover la actividad económica en áreas antes marginadas.
En este contexto, la infraestructura vial no solo es un medio de transporte, sino un tema de derecho público al ser funcionar como habilitador de oportunidades que puede cambiar radicalmente la vida de millones de colombianos.
Uno de los aspectos más destacados de la influencia positiva de la infraestructura vial es su capacidad para reducir la pobreza desde diferentes frentes. Al conectar mercados alimentarios, por ejemplo, se facilita el acceso a productos básicos a precios más competitivos, evitando que la inflación de alimentos golpee con fuerza a las familias más vulnerables.
Esta interconexión no solo impulsa la actividad comercial, sino que también mejora la calidad de vida al garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos esenciales.
Además, la infraestructura vial desempeña un papel crucial en la formalización de la economía. Al facilitar el transporte de mercancías y personas, se fomenta el crecimiento de las empresas locales y se promueve la creación de empleo formal.
Esto no solo contribuye a elevar los ingresos de la población, sino que también fortalece la estabilidad económica y reduce la dependencia de la economía informal, que suele caracterizarse por condiciones precarias y bajos niveles de ingresos.
Un ejemplo elocuente del potencial transformador de la infraestructura vial se encuentra en el proyecto de construcción de la primera línea de metro en Bogotá destinada a arrancar a partir de 2028.
Esta iniciativa no solo mejorará la movilidad en la capital, sino que beneficiará directamente a más de 2 millones y medio de pasajeros, muchos de los cuales residen en comunidades desfavorecidas en las afueras de la ciudad. La conexión eficiente entre el sur, el centro y el norte de Bogotá no solo facilitará el acceso a oportunidades laborales y educativas, sino que también promoverá un desarrollo urbano más equitativo y sostenible.
Es fundamental comprender que la infraestructura de movilidad no debe ser objeto de discusiones políticas partidistas, sino un tema de derecho público ya que protege diversos derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
El acceso a una red de transporte eficiente no solo garantiza la movilidad, sino que también habilita otros derechos fundamentales, como el acceso al trabajo, la educación y la atención médica. En este sentido, la inversión en infraestructura vial no solo es una cuestión de desarrollo económico, sino también una cuestión de justicia social y equidad.
Sin embargo, a pesar de su importancia innegable, el desarrollo de la infraestructura vial en Colombia enfrenta desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la asignación de recursos y la gestión eficiente de los proyectos.
El programa de concesiones, si bien ha sido una herramienta valiosa para financiar proyectos de infraestructura, también ha generado debates sobre la equidad en la distribución de los beneficios y la transparencia en la adjudicación de contratos.
En este sentido, la renegociación de contratos y la revisión de los mecanismos de financiación son pasos cruciales para garantizar que los proyectos de infraestructura vial sean gestionados de manera transparente y eficiente, maximizando así su impacto en el desarrollo socioeconómico del país.
Es fundamental que las decisiones relacionadas con la infraestructura vial se tomen con un enfoque holístico, que tenga en cuenta no sólo los aspectos económicos, sino también los sociales y ambientales.
En conclusión, la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial en Colombia no solo son imperativos para el desarrollo económico, sino también herramientas poderosas para reducir la pobreza y promover la inclusión social.
Es fundamental que el gobierno y los actores relevantes en el ámbito del derecho público y, en específico, de la infraestructura trabajen en conjunto para garantizar que los recursos se asignen de manera equitativa y que los proyectos se gestionen de manera transparente y eficiente. Solo así podremos aprovechar plenamente el potencial transformador de la infraestructura vial y construir un futuro más próspero y equitativo para todos los colombianos.
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