La inteligencia artificial avanza a una velocidad que suele dejar rezagadas a las instituciones públicas, los marcos regulatorios y los procesos internos de muchas organizaciones. Sin embargo, Bogotá decidió anticiparse a ese desafío con una hoja de ruta propia para orientar el uso responsable, seguro y ético de estas tecnologías.
En el más reciente episodio del podcast de Posse Herrera Ruiz, Natalia Alarcón, directora de innovación legal y gobernanza de inteligencia artificial de la firma, conversó con Diana Celis, consejera distrital TIC, sobre el Acuerdo 003 de diciembre de 2025. Este marco no debe entenderse como una simple recomendación técnica. Representa una estructura legal, ética y operativa para que las entidades distritales y las empresas que colaboran con ellas integren sistemas de IA sin comprometer la seguridad ciudadana, la protección de datos ni la confianza pública.
Para compañías proveedoras de tecnología, contratistas del Estado, equipos legales, áreas de cumplimiento y entidades públicas, este acuerdo marca una señal clara: la adopción de IA debe planearse con criterios de gobernanza, transparencia, trazabilidad y supervisión humana.
El Acuerdo 003 de Bogotá crea una hoja de ruta para el uso responsable de inteligencia artificial en el Distrito
Bogotá no quiso esperar a que el Congreso de la República resolviera la multiplicidad de proyectos de ley relacionados con inteligencia artificial. Bajo el liderazgo de Diana Celis, quien acumula dos décadas de experiencia en transformación digital, el Distrito construyó un modelo propio de gobernanza para orientar la adopción de IA en la administración pública.
Este marco se aleja de las “modas” tecnológicas para centrarse en una realidad inmediata: la IA ya está presente en la vida cotidiana de las personas y en el trabajo de los funcionarios públicos. Por eso, su regulación no puede ser únicamente reactiva. Debe anticipar riesgos, definir responsabilidades y establecer condiciones mínimas para que los sistemas se usen de forma segura y confiable.
El acuerdo busca ordenar la preparación, desarrollo, implementación, supervisión y mejora continua de sistemas de inteligencia artificial dentro de las entidades distritales. Esto implica que cada proyecto debe pensarse como un ciclo completo, no como una compra aislada de tecnología.
Para las empresas privadas que contratan con el Estado, esta hoja de ruta también tiene efectos prácticos. Los proveedores deberán entender que el valor de una solución de IA no dependerá solo de su sofisticación técnica, sino de su capacidad para cumplir reglas de seguridad, protección de datos, explicabilidad, trazabilidad y responsabilidad institucional.
La madurez digital será un requisito previo para implementar proyectos de IA en entidades públicas
Uno de los pilares del Acuerdo 003 es el reconocimiento de la madurez digital. No todas las entidades públicas ni todas las empresas proveedoras parten del mismo nivel de preparación. Algunas cuentan con infraestructura de datos sólida, equipos técnicos, protocolos de ciberseguridad y documentación robusta. Otras todavía tienen brechas importantes en gestión de información, interoperabilidad, calidad de datos o capacidades internas.
Por esa razón, el lineamiento incluye un modelo de automedición que evalúa la infraestructura de datos y la ciberseguridad antes de lanzar proyectos basados en IA. La lógica es clara: sin datos fiables, seguros y bien gobernados, la inteligencia artificial puede volverse inoperante, riesgosa o incluso perjudicial.
Esta visión técnica busca evitar que las inversiones públicas terminen convertidas en sistemas costosos que quedan en el olvido por falta de documentación, capacidades internas o mantenimiento. En proyectos de IA, el problema no siempre está en el algoritmo. Muchas veces está en la calidad de los datos, en la ausencia de responsables, en procesos mal definidos o en contratos que no prevén auditoría, soporte y mejora continua.
Para empresas proveedoras, esto significa que la preparación legal y técnica debe comenzar antes de participar en procesos de contratación pública. No basta con ofrecer una herramienta funcional. Será necesario demostrar capacidad de implementación responsable, documentación clara, gestión de incidentes, protección de datos personales y entendimiento del contexto público.
La transparencia algorítmica exige supervisión humana, expediente digital y análisis de riesgo
Diana Celis fue enfática al definir el rol de estas tecnologías en la administración pública: “La inteligencia artificial es una herramienta de soporte para el trabajo, pero no reemplaza las decisiones de un ser humano”.
Esta premisa es central para entender la transparencia algorítmica que exige el nuevo marco. Los sistemas de IA pueden apoyar tareas, automatizar procesos, analizar información, clasificar solicitudes, generar recomendaciones o mejorar tiempos de respuesta. Sin embargo, cuando sus resultados afectan derechos, trámites, servicios o decisiones públicas, debe existir supervisión humana y responsabilidad institucional.
El acuerdo obliga a las entidades a mantener un expediente digital detallado y a realizar análisis de riesgo rigurosos. En términos prácticos, esto implica documentar cómo se diseña, prueba, implementa, supervisa y ajusta cada sistema. También exige identificar riesgos de sesgo, errores, afectación de datos personales, fallas de seguridad, impactos sobre ciudadanos y posibles consecuencias no previstas.
Para el derecho público en Bogotá, esta discusión es especialmente relevante porque la tecnología no puede debilitar principios como transparencia, debido proceso, responsabilidad administrativa, igualdad y acceso a la información. La IA debe servir a la administración pública, no reemplazar sus deberes frente al ciudadano.
Para las empresas privadas que colaboran con el Estado, estos lineamientos ofrecen reglas de juego más claras. Al existir requerimientos técnicos y éticos definidos, se fomenta una competencia más sana, donde el valor no reside únicamente en el músculo financiero, sino en la capacidad de entregar soluciones que respeten la privacidad, sean auditables y generen confianza.
La alfabetización digital será clave para que la IA no amplíe brechas sociales en Bogotá
El reto principal no es únicamente tecnológico. También es humano. Diana Celis advierte que la IA podría ampliar brechas sociales si no se acompaña de una alfabetización digital integral.
Por ello, el modelo de Bogotá integra centros de experiencia TIC y comunidades de aprendizaje. La meta es que tanto el funcionario que atiende una petición ciudadana como el ciudadano que interactúa con un sistema automático comprendan la lógica detrás de la pantalla.
Esta dimensión es clave. Una ciudad que usa IA sin explicar sus alcances puede generar desconfianza, exclusión o dependencia de sistemas que muchas personas no entienden. En cambio, una ciudad que capacita, documenta y comunica adecuadamente puede convertir la tecnología en un motor de equidad y eficiencia pública.
La alfabetización digital también es importante para contratistas, proveedores tecnológicos, equipos jurídicos y directivos. Quienes diseñan o implementan soluciones de IA deben entender no solo el funcionamiento técnico de las herramientas, sino sus implicaciones legales, éticas y sociales.
Bogotá se proyecta así como un laboratorio de urbanismo inteligente en la región. Al adoptar un modelo de identidad digital autosoberano, donde el ciudadano decide qué información comparte, el Distrito apuesta por una visión más transparente de la relación entre tecnología, datos y servicios públicos.
Las empresas que desarrollan IA para el sector público deben prepararse para nuevos estándares legales y éticos
El éxito de la inteligencia artificial en Bogotá no dependerá únicamente de la sofisticación de sus algoritmos. Dependerá de la solidez de su ética, la claridad de su hoja de ruta y la capacidad de las instituciones y proveedores para implementar sistemas confiables.
El Acuerdo 003 marca un precedente para entidades públicas, contratistas tecnológicos y empresas que trabajan con datos, automatización, analítica avanzada o soluciones de IA. La señal es clara: la innovación debe venir acompañada de gobernanza, privacidad, trazabilidad, supervisión humana y gestión de riesgos.
Si su empresa desarrolla soluciones de inteligencia artificial, participa en contratación pública tecnológica o necesita adaptar sus políticas internas a nuevos estándares de gobernanza de IA, contacte al equipo de Posse Herrera Ruiz. Una firma de abogados con experiencia en gobernanza de inteligencia artificial, derecho público en Bogotá, protección de datos y contratación puede ayudarle a anticipar riesgos, estructurar proyectos responsables y participar con mayor seguridad en este nuevo entorno regulatorio.
Preguntas frecuentes sobre el Acuerdo 003 de Bogotá y la gobernanza de inteligencia artificial
¿Qué busca el Acuerdo 003 de Bogotá sobre inteligencia artificial?
El Acuerdo 003 busca establecer lineamientos para preparar, desarrollar, implementar, supervisar y mejorar sistemas de inteligencia artificial en entidades del Distrito. Su objetivo es promover un uso responsable, ético, seguro y transparente de la IA, protegiendo a los ciudadanos y fortaleciendo la confianza en la administración pública.
¿Por qué la transparencia algorítmica es importante para empresas que contratan con el Estado?
La transparencia algorítmica es importante porque permite entender cómo funciona un sistema de IA, qué datos utiliza, qué riesgos puede generar y quién responde por sus resultados. Para empresas contratistas, esto implica documentar sus soluciones, permitir auditoría, proteger datos personales y demostrar que sus sistemas pueden operar bajo criterios de seguridad, explicabilidad y supervisión humana.
¿Qué deben revisar las empresas antes de ofrecer soluciones de IA al sector público?
Las empresas deben revisar su modelo de gobernanza de IA, políticas de protección de datos, ciberseguridad, trazabilidad, documentación técnica, gestión de incidentes, contratos, propiedad intelectual y mecanismos de supervisión humana. También deben evaluar si sus soluciones pueden cumplir requisitos de transparencia, análisis de riesgo y mejora continua exigidos por entidades públicas.
